POR QUÉ EXISTIMOS
Nuestra Constitución, en aplicación del sentido común más elemental y como principio iluminador del Título que dedica a los derechos y libertades fundamentales, reza en su artículo 10:
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes…, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político…
Una Ley que también las Administraciones Públicas han de respetar y cumplir, tal como recoge en el artículo 103:
La Administración Pública sirve… y actúa… con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Con el acatamiento de unas garantías básicas y elementales expuestas en el artículo 9:
La Constitución garantiza… la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La Asociación viene realizando, también a través de medios telemáticos, la comunicación directa para la consecución de la traslación y puesta en común de los intereses de los interesados, así como la definición de las actuaciones concretas en cada caso a partir de procedimientos democráticos de participación libre que redundan en una mayor implicación y satisfacción de cada uno de los participantes.
QUÉ HACEMOS
Nuestra Asociación nace con el objetivo de velar por el respeto a estas cuestiones que consideramos ineludibles para la consecución de aquello que nuestra norma suprema en su artículo 1 reconoce como lo más valioso para el ser humano:
España… propugna como valores superiores… la libertad, la justicia, la igualdad…
Por eso, nuestra intención es ayudar y colaborar con todos aquellos individuos y organismos públicos y/o privados, implicados o afectados, directa o indirectamente en la consecución de los mismos.
SABÍA QUE...
¿Sabía Ud. que la Tesorería General de la Seguridad Social cobra intereses considerados usura por los Tribunales españoles en cierto tipo de deudas?
¿Sabía Ud. que los trabajadores de las Administraciones Públicas tienen la obligación legal de facilitarle la información que necesite para cumplir las normas correctamente?
¿Sabía Ud. que, según la OCU, los servicios de consulta de ciertas Administraciones Públicas dan información errónea en porcentajes cercanos al 50%? ¿y que sólo Ud. será culpable si hace lo que le dicen?
¿Sabía Ud. que los Tribunales españoles dan la razón a los contribuyentes/usuarios en muchas ocasiones cuando se enfrentan con las Administraciones Públicas?
¿Sabía Ud. que la Seguridad Social obliga a que su asesor laboral deba trabajar 24 horas al día los 365 días del año para poder dar de alta a un empleado en caso de urgencia?
¿Sabía Ud. que las Administraciones Públicas no cumplen la conocida como Ley de Lucha contra la Morosidad? Sin embargo, si a alguien se le ocurre dejar de ingresar un solo euro en plazo en cualquier administración, caerán sobre él “las 7 plagas de Egipto”.
QUEREMOS...
Queremos que las Leyes sean iguales para todos.
Queremos que la Administración Pública tenga que pagar los gastos adicionales que conlleven sus actos erróneos.
Queremos que la Administración Pública y sus trabajadores sean realmente responsables de las consecuencias que conlleven sus actos erróneos.
Queremos que la Administración Pública aplique los mismos recargos y sanciones en sus actuaciones que los que aplica a los contribuyentes.
Queremos que las Administraciones Públicas cumplan la Ley.
Queremos que cualquier ciudadano, esté o no afectado, pueda proponer un cambio normativo en las normas injustas.
Queremos que no sea necesario denunciar los actos administrativos injustos, sino que la propia Administración (y todos sus trabajadores), así como todos los órganos del Estado estén obligados a hacerlo de oficio. Y que cualquier ciudadano, sea o no parte interesada, pueda iniciar el trámite correspondiente.
Queremos que los trabajadores de las Administraciones Públicas realicen su labor de forma libre e independiente, sin tener que seguir las consignas políticas de ningún partido en el poder.
Queremos que la Administración de Justicia sea totalmente independiente del poder político.
Queremos que los políticos que se lleven dinero tengan que devolverlo antes de salir de prisión.
Queremos que los gobernantes vean afectado su patrimonio personal en caso de irregularidades.
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